VEEDURÍA CIUDADANA UN DERECHO Y UN DEBER CÍVICO

La Constitución Política de 1991, nuestra “ley de leyes”, en su primer artículo define a Colombia como una república “democrática, participativa y pluralista” sentando así el fundamento político de la Democracia Participativa en la que el poder reside en el pueblo y por consiguiente todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar directamente en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. La Constitución abrió un escenario muy amplio para la participación ciudadana, reafirmada en cada una de las leyes promulgadas a partir de la nueva constitución y de manera directa en dos leyes Estatutarias (superiores a las ordinarias): la Ley 134 de 1994 sobre mecanismos de participación (refrendo, consulta popular, revocatoria del mandato, plebiscito, cabildo abierto) y la ley 1757 de 2015 que regula el derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural y así mismo a controlar el poder político. En la anterior constitución, la de 1886, las decisiones las tomaban los políticos a nombre del pueblo (democracia “representativa”). Infortunadamente gran parte de los políticos no representan intereses colectivos sino particulares.

Se complementa lo anterior con la ley 850 de 2003 de Veeduría Ciudadana que permite a los ciudadanos ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas, a los órganos de control y a todo programa o proyecto financiado con recursos públicos. No obstante, a pesar de tan amplio espacio jurídico para la participación ciudadana, se presentan dos grandes debilidades: por una parte, la falta de conciencia y compromiso de la población para ejercer su derecho y deber de participación en las decisiones públicas; y por otra parte, la falta de voluntad política de autoridades para consultar y concertar sus decisiones con la ciudadanía. La participación ciudadana requiere, ante todo, de interés y voluntad de participar en los asuntos públicos, es decir, conciencia ciudadana. Desafortunadamente la mayoría de la población es apática a participar, por falta de compromiso, por timidez a tener que expresarse en público, por no meterse en problemas o por temer a represalias de autoridades o de particulares.

Tenemos que construir una cultura ciudadana, desde el hogar, la escuela, el trabajo, las organizaciones sociales y políticas, los medios de comunicación, etc. para ir ocupando los múltiples espacios de participación consagrados por la Constitución, leyes y decretos. Por ejemplo, a nivel municipal; los concejos de política social, ambiental, cultura, educación, deporte, planeación territorial, etc. Y constituir veedurías para el seguimiento al plan de desarrollo municipal y a los principales proyectos y programas de cada administración, como fue el de la plaza de mercado o los anunciados proyectos de cámaras, de energías renovables, de centro de convenciones, etc. Son decisiones que no las puede tomar un alcalde sin consultar ampliamente a la comunidad y concertar con ella, garantizando el derecho de los ciudadanos no sólo a informarse sino a participar en la toma de decisiones sobre asuntos públicos. Las veedurías tienen en poder y el deber de vigilar la gestión pública, exigir información y mesas de concertación. Esta es la forma más avanzada de la democracia participativa.

Las veedurías no son oposición ni tampoco coalición política, están por encima de los intereses partidistas, dispuestos a apoyar lo correcto de cada administración y a oponerse y criticar lo que no sea legal o se considere inconveniente para el pueblo. Una administración transparente, honesta y democrática no le teme a las veedurías y a la participación ciudadana, por el contrario, las convoca. Y de eso ya hemos tenido ejemplos. Los corruptos sí le temen a la participación y en especial a las veedurías. Y de eso también hemos tenido ejemplos. De la plaza mayor desaparecieron todas las ventanas y patios interiores y nadie dijo nada. El centro histórico se ha venido deteriorando y los inmuebles coloniales se están derrumbando, como si nada. Todo el pueblo se enteró con sospecha del proyecto de parqueadero y centro comercial en la plaza de mercado, pero muy pocos han protestado. Por fin, después de diez años se logró la aprobación del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, PEMP, pero la administración anterior ni la actual lo han divulgado.

Afortunadamente sí ha habido ciudadanos que impidieron la colocación de varios megaproyectos como el de los tanques de nafta de Ecopetrol y la exploración sísmica en 13 municipios vecinos, la instalación de un almacén éxito en el corazón del centro histórico, el de turismo masivo de Cafam, cuatrimotos y helicóptero en espacio público, instalaciones en el Santuario de Fauna y Flora, edificaciones por fuera de la norma y obras en zonas de protección. Las paginas de este medio de comunicación están abiertas a la participación y veeduría ciudadana en Villa de Leyva. Si usted tiene algún hecho que denunciar o destacar alguna buena acción de la administración, se lo publicamos. Si usted se quiere ser veedor, lo apoyamos.

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